El Congreso envía al Senado los proyectos de Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

Los proyectos de Ley y de Ley Orgánica de protección a la infancia y la adolescencia han quedado hoy aprobados en Pleno (con/sin la incorporación de enmiendas al articulado) y se remiten al Senado para continuar su tramitación. En caso de que la Cámara Alta no introduzca ningún cambio, quedarán aprobados, y si los modifica, deberán volver al Congreso.

El Pleno ha aprobado con aprobado con 181 votos a favor, 26 en contra y 102 abstencionesel dictamen elaborado por la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales sobre el proyecto de ley ordinaria, a la que se incorporaron dos lasenmiendas al articulado que los grupos parlamentarios han mantenido vivas para defenderlas ante el Pleno. Las dos son impulsadas por CiU, una en sus propios términos, la número 230, y otra acordada con el PP.

Con la enmienda 230 se establece que «a los efectos de las normas y leyes existentes con anterioridad a la presente ley y de las legislaciones correspondientes de las comunidades autónomas con Código Civil propio o con leyes civiles que lo regulen, se equipara la situación de acogimiento familiar temporal con acogimiento familiar simple, y la situación de guarda con fines de adopción con el acogimiento preadoptivo».

La acordada por CiU y el Grupo Popular determina que, en materia de familias numerosas, ¿tendrán la misma consideración que los hijos, las personas sometidas a tutela o acogimiento familiar permanente o preadoptivo legalmente constituido. Los menores que habiendo estado en alguna de estas situaciones alcancen la mayoría de edad y permanezcan en la unidad familiar, conservarán la condición de hijos en los términos establecidos en el artículo 3 de la presente ley¿.

En cuanto a la parte orgánica, el dictamen obtuvo en la votación de conjunto 185 votos a favor, 15 en contra y 113 abstenciones, con lo que superó la mayoría absoluta necesaria para continuar su tramitación en la Cámara Alta.

En este caso se aprobó una de las enmiendas al articulado, la 48 del PNV, que indica que ¿los menores ingresados en los centros tendrán derecho a remitir quejas de forma confidencial al Ministerio Fiscal, a la autoridad judicial competente y al Defensor del Pueblo o ante las instituciones autonómicas homólogas. Este derecho no podrá ser restringido por la aplicación de medidas disciplinarias¿.